Posterior al aparecimiento del movimiento Alfaro Vive Carajo en 1983, se promulgaron políticas de Estado, que tenían como objetivo la represión de la organización y toda manifestación contraria al gobierno de turno. Se constituyó una Ley de Seguridad Nacional enmarcada en una serie de dispositivos de represión para evitar vinculaciones con opositores políticos. Tales medidas produjeron el asesinato de algunos dirigentes y militantes de movimientos sociales y la desaparición de muchos otros. Entre ellos se habla de Gustavo Garzón Guzmán, un escritor residente en la ciudad de Quito y de quién se presumía tenía vinculaciones con el grupo subversivo antes mencionado.

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